La CGT marchó este lunes a Tribunales y presentó ante la Justicia un recurso para que se declare la inconstitucionalidad de la ley de reforma laboral, que recibió sanción definitiva el viernes último en el Senado y aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo. La central obrera formalizó su planteo mediante escritos ingresados tanto en el fuero Laboral como en el Contencioso Administrativo.
“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, afirmó Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT, al hablar con el periodismo en la puerta de los tribunales de la calle Talcahuano.
Sola (Seguros) estuvo acompañado por los otros dos cosecretarios generales, Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), quienes encabezaron la presentación judicial en nombre de la central sindical. El dirigente explicó que con este paso la CGT “cumple con lo que venimos diciendo desde que iniciamos este proceso de rechazo a la ley”.
En un comunicado difundido tras la presentación, la central sostuvo que su reclamo de inconstitucionalidad se fundamenta en la afectación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, así como de principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Pacto de San José de Costa Rica, que tienen rango constitucional.
“La mal llamada de ‘modernización’ significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, señaló el texto. Según la CGT, la nueva norma vulnera el principio de Progresividad o No Regresión, que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en derechos laborales adquiridos.
También considera que se viola el Principio Protectorio, basado en la “desigualdad estructural entre empleador y trabajador” y orientado a restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la parte más débil. En esa línea, el escrito advierte que se afectan derechos contemplados en el artículo 14 bis, como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libre agremiación, la libertad sindical y la seguridad social, entre otros.
La central cuestionó además aspectos concretos de la reforma. Sostuvo que la normativa permite “jornadas de trabajo de hasta 12 horas, el fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario”. Asimismo, objetó la eliminación de “sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y transgredieron la ley” y la posibilidad de que las indemnizaciones por despido se abonen en cuotas y a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
Según la CGT, ese esquema implicaría “costear los despidos con aportes de los propios trabajadores”, lo que, afirmó, desfinanciaría la seguridad social. Para la conducción sindical, estos cambios se inscriben en un contexto en el que, como consecuencia de las políticas actuales, “en los primeros dos años de este gobierno se perdieron más de 300.000 empleos”.
